INFORMACIÓN RELEVANTE
LA SALUD DE DIEZ MILLONES DE PERUANOS
ESTA EN RIESGO POR EL ENVENENAMIENTO DEL
AGUA POR SUSTANCIAS TÓXICAS
El Gobierno de Perú debe atender el problema, dice un experto de la ONU en
derechos humanos, recordando que la Constitución del país reconoce la prioridad del
agua para consumo humano sobre cualquier otro uso. La contaminación del agua
proviene, sobre todo de los vertidos de las empresa mineras.
Más de diez millones de peruanos, el 31,15% de la población, ingiere tóxicos como metales
pesados en el agua que bebé, destacó este jueves el relator especial de la ONU para el
derecho al agua potable y el saneamiento,* citando datos del Ministerio de Salud de Perú
y llamando al gobierno a atender el problema que plantea ese envenenamiento
debido principalmente a minería, que pone en riesgo la salud de las generaciones actuales y
futuras.
Pedro Arrojo-Agudo visitó Perú recientemente, en medio del convulsionado entorno político
que vive el país andino. "He tratado de analizar los problemas que quiebran los derechos
humanos al agua y al saneamiento más allá de la coyuntura", explicó, señalando que
dichos problemas tienen sus raíces en acciones y omisiones a lo largo de décadas.
La grave situación en Cajamarca
En sus observaciones finales tras la misión en el país, expuso que su visita a la región de
Cajamarca confirmó la gravedad de las afecciones a la salud de la población que
infligen las actividades mineras.
"Más allá de la gravedad de daños ambientales, con desecación de lagunas, bofedales y
manantiales, desaparición de especies y mortandad de peces, resultan alarmantes los
análisis de sangre promovidos por la municipalidad de Bambamarca, que revelan metales
pesados en el 100% de sus pobladores", apuntó el experto.
Añadió que la inacción de la Autoridad Nacional del Agua, que niega las evidencias de
contaminación tóxica, ha dado lugar a una Gran Desconfianza de la población en las
instituciones públicas.
Arrojo-Agudo advirtió que si bien la Constitución de Perú se ajusta a los estándares
internacionales de derechos humanos y reconoce la prioridad del agua para consumo
humano sobre cualquier otro uso, este precepto se incumple a menudo.
Retomó el ejemplo de Cajamarca, subrayando que en la ciudad capital de esa provincia,
el 70% de la población bebe agua utilizada previamente por una empresa minera.
Además, expresó preocupación por la dificultad para acceder a análisis independientes
sobre la presencia de contaminantes.
El relator reconoció los esfuerzos de Perú en materia de legislación y políticas públicas
relacionadas al agua y saneamiento, aunque manifestó inquietud con respecto a su
implementación efectiva.
"Es necesario cambiar los enfoques tradicionales del agua como puro recurso productivo
por un enfoque ecosistémico sostenible y basado en los derechos humanos", dijo.
Arrojo-Agudo llamó, por otro lado, a promover una gestión integrada que permita superar la
vigente dispersión de competencias reforzando las capacidades municipales y comunitarias
en la gestión de los servicios de agua y saneamiento.